LexAndas
Antecedentes:
El reto LexAndas surge de la unión de dos retos.
El primer reto, “LexAndas” (enlace a la Iniciativa en la web), se presenta en 2020 en el Buzón de Iniciativas Innovadoras.
El segundo reto, se presenta en 2021 en el Buzón de Iniciativas Innovadoras, bajo el Título “Buscador cualitativo de normativa de PRL e informes” (https://innovanda.org/buscador-cualitativo-de-normativa-de-prl-y-de-informes/ ).
Ambos retos son seleccionados junto a otros cuatro mediante votación abierta en la Jornada InnoMakers de 23 de septiembre de 2021, de entre más de 200 candidaturas (https://youtu.be/mnlRLV4pEgg).
Tras ello, ambos proponentes consensúan su fusión en el actual LexAndas, por pretender intereses comunes.
Aquí tienes un vídeo con la presentación inicial tras la fusión: https://youtu.be/dzU0e4vs_Lg
Desde entonces este reto es acompañado por esta Comunidad InnovAnda, siguiendo los pasos de la InnoGuía (https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/guiainnovacion/).
La iniciativa:
El problema o la necesidad para las personas empleadas públicas radica en la excesiva dedicación invertida en la búsqueda en solitario de contenido jurídico actualizado, tanto disposiciones normativas (DOUE, BOE, BOJA), como de documentación de desarrollo (manuales, guías, instrucciones, etc), así como en su interpretación (tiempo). Esto conlleva la pérdida de productividad en los servicios prestados, debido a las cargas de trabajo no registradas y a los ladrones de tiempo. También implica el riesgo de demandas judiciales personales (mala praxis, prevaricación, etc).
En relación con los contenidos, los mismos no se encuentran publicados de forma integrada, además de no estar curados con criterios internos no publicados. Existe, por tanto, un alto riesgo de no estar actualizados en tiempo real según boletines oficiales, además de la pérdida de conocimiento e inteligencia colectivos de las unidades.
En cuanto a la metodología, no existe gestión del conocimiento, ni cultura de trabajo participativo, ni herramientas colaborativas. Por tanto, el trabajo es individual, no conectado y dependendiente del voluntarismo, ya que hay que terminar recurriendo a personas con experiencia en la materia, bien en el propio servicio o en el homólogo de otra unidad o Consejería, lo cual, a veces, no es tan sencillo, dado que existe una falta de conexión institucional entre el personal empleado público.
La consecuencia es una falta de rigor por inseguridad jurídica u omisión de normativa. Conlleva también una sobrecarga de los Servicios Jurídicos por necesidad de estudio de ingentes consultas de aplicación e interpretación normativa.
