Alberto González
Jefe de Servicio de Seguimiento Presupuestario
Dirección General de Presupuestos
Sevilla
Estamos peor que nunca. Antes se vivía mejor. Me asusta imaginarme el futuro que les depara a mis hijos. Expresiones así, o pensamientos así, parece que se sienten más frecuentes en los últimos tiempos. Y esa sensación también se traslada a los servicios públicos más básicos: sanidad, educación y dependencia.
Sin embargo, hoy me propongo darle la vuelta a este tipo de mensajes apoyándome en datos que amparen mi argumentación. Utilizaré siempre datos que son de acceso general a la ciudadanía, y que, en especial en lo que a las estadísticas del IMSERSO se refieren, empleo de forma habitual en mi puesto de trabajo en la Dirección General de Presupuestos y como interlocutor con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (la ASSDA).
Si ahora mismo me parase por la calle a preguntarle a cualquier persona que viva en Andalucía cuántas personas son atendidas por el sistema de dependencia (fundamentalmente hablamos de aquellas que reciben el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de atención residencial, el servicio de centro de día o noche o alguna prestación económica; en adelante me referiré a todas ellas, en general, como «prestaciones»), probablemente pocas o ninguna acertaría con la cifra. Mi apuesta es que señalarían un número de personas relativamente bajo.
A cierre del mes de enero de 2026, y siguiendo las estadísticas publicadas periódicamente por el IMSERSO a nivel nacional, donde también se ofrecen datos en detalle sobre las comunidades y ciudades autónomas, Andalucía está atendiendo de forma efectiva, es decir, que no solo tienen ya la resolución de PIA (Programa Individual de Atención), sino que efectivamente están ya recibiendo el servicio o la prestación concreta asignada en dicho PIA, a un total de 326.375 personas. La ratio de prestaciones recibidas por cada persona beneficiaria con una resolución de PIA es de 1,53. Eso quiere decir, para que salga ese ratio, que una parte importante de las personas beneficiarias está recibiendo más de una prestación. De hecho, en total, esas 326.375 personas están recibiendo un total de 498.550 prestaciones. Lo más normal es que se combine la teleasistencia con algún otro servicio.
Esos datos, como hemos comentado, se refieren a prestaciones efectivas, pero si analizamos los datos de personas con resolución de grado y PIA ya reconocidos (pues hay algunas que aún están pendientes de recibir de forma efectiva la prestación o el servicio), las cifras ascienden a 340.135 personas que reciben un total de 526.040 prestaciones. A continuación se reproduce la imagen de la estadística tomada del IMSERSO. La información del IMSERSO, que aparece en varios cuadros de este artículo, ha sido consultada en este enlace: Estadísticas del sisaad en el portal de dependencia – Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Somos, de lejos, y en números absolutos, la comunidad autónoma que atiende a más personas con dependencia reconocida y la que más prestaciones otorga. Y eso teniendo presente que también somos la comunidad autónoma que más solicitudes tiene registradas en esta materia en proporción a la población que se cataloga como potencialmente dependiente. Concretamente, en Andalucía se registran solicitudes equivalentes al 43,39 % del total de su población potencialmente dependiente, frente a la media española del 35,75 %:
Estos números, además, los podemos comparar con los de años precedentes, para hacernos una idea del crecimiento experimentado en los últimos años. Así, por ejemplo, a 31 de diciembre de 2018 se atendían en Andalucía 212.243 personas que recibían un total de 279.274 prestaciones. Si retrocedemos un poco más en el tiempo, el 1 de diciembre de 2010 había en Andalucía 180.402 personas beneficiarias que recibían un total de 235.998 prestaciones.
Por lo tanto, en poco más de 15 años se ha casi duplicado el número de personas beneficiarias y más que duplicado el número de prestaciones que estas reciben. Repito, en poco más de 15 años se han más que duplicado los números. Es evidente que la tendencia de la pirámide poblacional española ha contribuido a ello, pero no se puede negar otra realidad: el sector público está respondiendo a ese reto.
Con estas estadísticas quería poner mi granito de arena para desmontar esa sensación o esa idea de que vamos a peor. No es así, sino más bien al contrario. Está claro que estamos ante una realidad compleja marcada por el envejecimiento de la población, por el cambio en las relaciones familiares hacia núcleos de convivencia cada vez más reducidos (muchas veces unipersonales), por las mejoras técnicas en el diagnóstico de enfermedades y otras patologías de carácter médico, por el aumento lógico de la exigencia de calidad por parte de los pacientes y de las personas que van a recibir un servicio público en general (porque están más informadas) … Y todo ello marcado además por una pandemia como el COVID-19 que supuso la paralización, no solo de nuestros ritmos vitales, sino de los servicios públicos más esenciales: muchas pruebas médicas y operaciones tuvieron que ser postpuestas para atender a los enfermos más graves, lo que a su vez contribuyó a aumentar las listas de espera, etc. A pesar de todo eso, vemos que el sector público andaluz ha respondido y sigue haciéndolo: atiende a más personas dependientes que nunca en la historia, y con un volumen de prestaciones que supera el medio millón.
Como funcionario público es mi deber compartir esta información, que además está accesible para quien quiera contrastarla, y creo que todas y todos los que formamos parte de la Administración pública debemos hacer lo propio. Y ahora voy a enlazar estas estadísticas con cuestiones más relacionadas con mi puesto de trabajo en la Dirección General de Presupuestos, donde velamos por la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, por tratar de decirlo de manera resumida. Esta mejora de las cifras de la dependencia y la reducción de las listas de espera conlleva un lógico esfuerzo adicional en materia presupuestaria para priorizar estas áreas. Desde los distintos servicios de presupuestos de las diferentes secciones presupuestarias y de la propia Dirección General de Presupuestos se trabaja constantemente en la preparación de los presupuestos anuales, en la revisión de las modificaciones y otras operaciones presupuestarias que se tramitan para que los créditos sean correctamente ejecutados, así como en la preparación y análisis de normas, convenios, y documentos de planificación estratégica, entre otras actuaciones, que sirven para vehicular esos créditos hacia iniciativas y acciones concretas que tengan un impacto real en las personas.
En este sentido, existe una herramienta muy interesante a disposición de la ciudadanía, el visor del presupuesto, accesible a través de este enlace: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía – Junta de Andalucía
En dicho visor se pueden consultar en abierto, de una forma dinámica e intuitiva, cómo están distribuidos los créditos y de dónde se obtienen los ingresos que componen el Presupuesto de la Junta de Andalucía. Es un instrumento fantástico para hacernos una idea del peso que cada una de las políticas tiene sobre el presupuesto global andaluz. Así, por ejemplo, vemos que el presupuesto de la política de sanidad supone casi un tercio del total:
Y si entramos dentro de la política de conciliación, igualdad y familias, podemos observar que, a atención a la dependencia, envejecimiento activo y atención a las personas con discapacidad, se destinan casi 3.000.000.000 €:
Con estos enormes importes nos podemos hacer una idea de la envergadura que tiene el presupuesto andaluz y del impacto que proyecta sobre las personas.
Si volvemos a poner el foco en el ámbito de la dependencia, hemos de tener presente que es un sector poliédrico y polifacético. Vamos a entrar un poco más en detalle. En primer lugar, destaca la ASSDA, que conforme a sus estatutos tiene entre sus fines el desarrollo de las actividades de organización y prestación de los servicios necesarios para la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía (se conoce como el SAAD); también tiene un papel destacado el Estado, que transfiere a las CCAA un importe por cada beneficiario del SAAD (ingresos por nivel mínimo), así como un importe variable que se acuerda cada año (ingresos por nivel acordado). Si bien la mayor parte de la financiación del SAAD en Andalucía es soportada con ingresos propios de la Junta de Andalucía (más del 65% en 2024), como se puede observar en esta otra tabla publicada por el IMSERSO:
Son además actores importantes: la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que es la que transfiere a la ASSDA los fondos que esta necesita para operar y además, sufraga los costes de los centros propios que tiene la Junta de Andalucía; los ayuntamientos, que reciben de la ASSDA los créditos necesarios para poder llevar a cabo el servicio de ayuda a domicilio; el sector privado, que tiene centros concertados donde se prestan los servicios de atención residencial y de centro de día y noche; y, por supuesto, los y las profesionales que trabajan en este sector, muy feminizado. Además, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social también juega un rol determinante: tanto a través de la Dirección General de Presupuestos, que revisa los presupuestos y las propuestas planteadas por la ASSDA para garantizar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como a través de la Intervención General de la Junta de Andalucía mediante las funciones de verificación y control que le son propias.
En cuanto a las diferentes prestaciones ya enunciadas al principio de este artículo, por su importancia tanto en términos de personas atendidas (casi 200.000) como de presupuesto público asignado en la Ley del Presupuesto del ejercicio 2026 (con más de 1.200.000.000 €), el servicio de ayuda a domicilio es la piedra angular sobre la que pivota el sistema de la dependencia en nuestra región. Tanto es así que, de las personas que reciben este servicio en España, la mitad están en Andalucía. Es un servicio esencial, no ya solamente para las personas dependientes, por supuesto, sino por su incidencia territorial, pues se distribuye a los ayuntamientos, y por su impacto en el empleo, femenino en su mayor parte.
Por otra parte, si hacemos un análisis de las personas en situación de dependencia, hay que poner el enfoque tanto en la perspectiva de género como en el factor edad.
En esta tabla observamos que, en materia de dependencia, se atiende a más mujeres que a hombres, tanto en Andalucía como en España:
En cuanto a la edad, tenemos esta otra gráfica donde se muestra esa información, combinada con la del género:
De esta tabla se extraen interesantes conclusiones:
1) Como se ha indicado, hay más mujeres dependientes atendidas que hombres, si bien esa situación se refleja a partir de los 65 años en adelante, pues entre 0 y 64 años la proporción de hombres en situación de dependencia es sustancialmente mayor a la de mujeres (en Andalucía, del 59,39% frente al 40,61%, respectivamente).
2) El 28,60% de las personas dependientes en Andalucía tienen menos de 65 años, lo cual supone una cifra nada desdeñable, que puede sorprender a muchos lectores, pues tendemos a asociar la dependencia exclusivamente con personas más mayores, si bien, como vemos, esto no es siempre así.
3) Casi el 50% de las personas dependientes en Andalucía tiene 80 o más años. Y en ese tramo de edad, la feminización es aún más acusada que en el tramo de los 65 a los 79 años, puesto que el 73,48% de las personas dependientes son mujeres.
Por último, es importante hablar de los grados de dependencia. Con la legislación actual existe el grado I, el grado II y el grado III (está pendiente de implantación el grado III+), en función de que la persona necesite más o menos apoyos (dicho de forma sencilla). En esta gráfica, se observa que a nivel nacional, los datos distribuidos por edad, género y grado son:
Como podemos apreciar, la mayoría de las personas tienen un grado I o un grado II, y las mayores tasas del grado III se dan en menores de 3 años, siendo la tendencia decreciente hasta los 80 o más años, en que se vuelven a observar más personas con grado III reconocido.
Conclusión
Sin más, confío en que tras leer estas líneas haya mejorado tu percepción de lo que se hace, en especial en materia de dependencia, en la Junta de Andalucía y de la importancia que tiene el presupuesto público en la consolidación de las diferentes prestaciones explicadas en este artículo. Este optimismo, que creo que debe ser el que nos guíe, no debe hacer que nos olvidemos de que siempre hay espacio para mejorar, y que, evidentemente, en dependencia (y en otros sectores) se debe seguir trabajando para superar los retos existentes.
Gracias al equipo de EnRed@2.0 por haber querido contar conmigo para este artículo y de verdad quiero agradecer a todos los lectores que habéis tenido la audacia, en estos tiempos del titular y del mensaje rápido, de deteneros a leer con pausa estas palabras.
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