Page 896 - El Programa de Medidas Agroambientales en la provincia de Huelva

EL PROGRAMA DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUELVA
3o. Áreas urbanas y turísticas:
– Planes de tratamiento y depuración de aguas y residuos sólidos.
En cuanto a las medidas, que hubieran sido necesarias para equiparar el estado del Medio Ambiente de la región andaluza a los niveles comunitarios, en el sector agrario, podrían haber sido las siguientes, aunque no han llegado a implementar- se en toda su extensión:
– Programas de integración de la agricultura con el Medio Ambiente.
– Regulación y limitación del consumo de factores de producción (fertilizantes, pesticidas, productos fitosanitarios, herbicidas y plaguicidas).
– Sistemas de tasas y cánones por el uso de esos factores.
El Programa de Medidas Agroambientales es una de las pocas iniciativas, to- madas desde las Administraciones Públicas, para lograr la mejora de las con- diciones del medio natural y aminorar las consecuencias degradantes de las actividades productivas, en este caso dentro del sector agrario. No obstante, estas ayudas han sido un estímulo proveniente de las autoridades comunita- rias, lo que pone de manifiesto el escaso interés de las instituciones nacionales y regionales en adoptar medidas de protección del medio en relación con las actividades agrarias.
El reto del Mercado Único no sólo ha afectado de manera diferente a los Estados miembros en función de su grado de desarrollo económico sino también, según los costes de adaptación a las normativas y estándares comunitarios. En el caso andaluz, los procesos de reestructuración se han llevado a cabo con diferente esfuerzo, según el sector, aunque a algunos les ha costado el cierre de muchas empresas, con la pérdida de numerosos puestos de trabajo y la rebaja de calidad en los artículos ofrecidos a los consumidores. En la mayoría de las ocasiones, ha habido que incorporar determinadas tecnologías de descontaminación y de tra- tamiento de residuos que, en gran medida, no se producían en la región, por lo que han debido ser importadas de otros países más desarrollados. En definitiva, la integración en el marco de competencia de la Comunidad, a partir de 1992, ha supuesto una importante concentración de esfuerzos financieros y de gestión en acciones de mejora ambiental, que ha conllevado un coste adicional para las compañías mercantiles, lo cual incide en sus condiciones de competitividad. De tal manera, que si bien inicialmente, la Comunidad Europea aplicaba el prin- cipio de “quien contamina paga”, es evidente que la estructura productiva de la región andaluza no podía hacer frente por si sola a los costes derivados de la adaptación por lo que ha sido precisa la intervención pública, como requisito
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