Page 922 - El Programa de Medidas Agroambientales en la provincia de Huelva

EL PROGRAMA DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE HUELVA
En los últimos años del período de programación comprendido en el M.A.C. 1994-1999, exactamente en la última campaña, los datos obtenidos muestran la tendencia inversa, ya que los importes concedidos, y el número de beneficiarios a los que atañen las ayudas y subvenciones disminuyen. Esta disminución no se debe a una minoración en el interés mostrado por los agricultores y ganaderos, sino que debido a la terminación del marco financiero, los importes consignados en las partidas presupuestarias del régimen de ayudas son menores. Por tanto, los datos correspondientes a la última campaña deben ser interpretados teniendo en cuenta este hecho.
Además, la cuantía asignada al año 1999 está en relación a los gastos comprome-
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tidos en los ejercicios anteriores , puesto que del importe total previsto para el
período completo del régimen de ayudas, se resta lo concedido en los años pre- cedentes para hallar la cantidad correspondiente a 1999. Por lo que respecta a la anualidad de 2000 se hace preciso señalar que al tratarse de una prórroga de la du- ración que estaba inicialmente programada, no dispone de consignaciones financie- ras significativas. Además, no estaba prevista su inclusión en marco presupuestario 1994-1999, con lo que los recursos hubo que improvisarlos de manera precipitada.
dos se ha producido un notable incremento en el último año, más destacado aún en Andalucía, donde supera ligeramente el 25 por ciento, en tanto que en la región aragonesa el aumento es cercano al 12 por ciento”.
ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA: Op. Cit. Pág. 223.
248 Hay que tener en cuenta que los agricultores y ganaderos que se acogen a las ayudas del Programa firman la asunción de una serie de compromisos que se extiende durante varias anualidades, normalmente hasta 5 años. A cambio, las Administraciones Públicas contraen la obligación de efectuar, en cada uno de esos ejercicios, los pagos correspondientes a los importes de las subvenciones. Por lo tanto, de la cuantía global que el régimen de ayudas tenga consignada en los Presupuestos de la Administración de que se trate (en este caso, los de la Comunidad Autónoma de Andalucía) hay que detraer las cantidades que ya están comprometidas con los agricultores y ganaderos que han iniciado la conversión en años anteriores, y esto durante el período que haya sido objeto de compromiso, en función de la ayuda concreta que se les haya concedido.
Es decir, para las nuevas solicitudes, el importe económico disponible estará condicionado por dos factores: el presupuesto anual asignado para el régimen de ayudas y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, que habrá que restar a la cantidad inicial. Esta operación nos permitirá conocer el saldo utilizable para la anualidad corriente. Teniendo en cuenta que 1999 es el último ejercicio del período de programación que comprende el Marco de Apoyo Comunitario 1994-1999, la cantidad disponible será menor, puesto que el presupuesto de este año debe asumir todos los compromisos firmados en años anteriores, y pendientes de pago.
Además, esta forma de gestionar las ayudas supone una innovación en lo que respecta al procedimiento administrativo, que influye directamente en la ejecución del gasto público. El hecho de determinar un sistema de contratación individualizada entre el agricultor y las Administraciones Públicas concedentes de las subvenciones, que en nuestro estudio es la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, representa una novedad destacable. El procedimiento citado conlleva la aceptación por parte del agricultor o ganadero de unos compromisos establecidos para cada una de las diferentes medidas, bien sean las horizontales o las específicas de zona, sobre los métodos culturales que llevará a cabo en su explotación. El cumplimiento de los mismos es requisito indispensable para poder acceder al cobro de las subvenciones que regula el Programa. Esta manera de asumir voluntariamente, mediante la firma de un contrato, una serie de obligaciones con respecto al manejo de sus cultivos o su ganadería, para hacer la explotación más sostenible, es una novedad que sigue los postulados que se mencionan en el V Programa de Acción comunitaria en materia de Medio Ambiente. Además, constituye una alternativa de gestión que recoge las obligaciones de cada parte en un documento contractual, en el que la libre voluntad de los firmantes es esencial para su perfeccionamiento. Por tanto, servirá en el futuro como guía y antecedente válido para distintos programas de ayudas.
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