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MERCEDES IZQUIERDO BARRAGÁN
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decir desde el punto de vista de los aspectos negativos a los que se dirige, y no a los
positivos, dichos principios han de analizarse como principios y exigencias básicas
de la Administración pública contemporánea.
La nueva gobernanza enfatiza estos principios, propiciando cambios orientados ha-
cia la transparencia y debida participación en la elaboración de las políticas en todas
las etapas del proceso de decisión, reforzando así la interacción con los organismos
públicos y la sociedad civil. De este modo se refuerza la imparcialidad, la formación
de una opinión pública informada y libre que implique a la ciudadanía, dando lugar
a una participación social que refuerza la legitimidad democrática del actuar de la
Administración.
En este sentido, en el informe emitido en 2014 por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre “España de la reforma adminis-
trativa a la mejora continua”, dentro de los estudios de dicha organización sobre
Gobernanza Pública, destaca que:
«La reforma de la gobernanza no es un fin en sí mismo; es un medio para lograr re-
sultados de políticas públicas para los ciudadanos y las empresas de manera eficien-
te y eficaz. La buena gobernanza es la construcción de un mejor entorno nacional
y local en el cual las personas puedan vivir (…) La buena gobernanza es la mejora
de la confianza en el gobierno, en sus instituciones, en la calidad de sus servicios
y decisiones, porque se perciben como algo que se hace en beneficio del interés
público general».
Así, como recomendaciones para la creación de un entorno para la mejora continua
resalta las siguientes:
– Medidas sobre estructura y racionalización administrativa.
– Simplificación administrativa y mejora regulatoria.
– Impulsar una administración moderna y eficiente con la utilización de las TIC y el
gobierno electrónico.
– Medidas sobre finanzas públicas: nueva técnica para presupuestar gastos corrien-
tes o la creación de una institución fiscal independiente.
– Reformas en el ámbito de la contratación pública, mediante el uso de sistemas de
contratación centralizada y estímulo a la participación de pequeñas y medianas
empresas (Pymes) en la contratación pública.
– Medidas en materia de empleo público mediante un sistema de gestión estratégica
de RR.HH.
– Atención a los aspectos de gobernanza multinivel mediante la mejora los órganos
de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno
– La transparencia.