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ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE: “PUBLIC COMPLIANCE”
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En tal sentido, y reclamando para este debate el sosiego que demandábamos para
esta cuestión al inicio de nuestro trabajo, consideramos que la referida labor de lucha
contra comportamientos ilícitos en las Administraciones es incompatible con su uti-
lización política, con la pretensión de su aprovechamiento en beneficio propio y en
perjuicio de terceros, con planteamientos demagógicos que, en el mejor de los casos,
pueden revelar un absoluto desconocimiento de las Administraciones Públicas, y en
el peor, una nula intención de mejora. Es incompatible con permanentes alegatos
de superioridad ética y moral que, en no pocas ocasiones, se ven desmentidos en
breve espacio de tiempo. La lucha contra la corrupción tiene por objeto eliminar
comportamientos gravemente ilícitos, servirnos para mejorar como sociedad y como
proyecto político de país, por ello utilizarla para expedir certificados de honradez,
haciendo fatuos y falsos alardes de pureza y
expulsando del Templo
a todos los que
no piensan igual, nos sitúa ante un discurso que, en primer lugar, no ayuda en nada
a aquello que se pretende evitar y, en segundo lugar, tiene una finalidad muy poco
inocente. Me remito a las consideraciones finales de la parte referida a la experiencia
a nivel internacional, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, a la hora de indicar
hacia donde creo que propenden –al menos así ha sido en el pasado y en diferentes
países– ese tipo de discursos.
Por ello habría que reclamar normalidad, humildad en el análisis de la cuestión,
reconocimiento de que este es un problema de todos, que ha afectado a todas las
formaciones políticas, a todos los colectivos profesionales y también a todas
las regiones de nuestro país. Probablemente todo lo contrario de lo que habitual-
mente percibimos cuando se analiza la cuestión desde el punto de vista del debate
público.
Es en esa línea de debate en la que entiendo que determinados operadores jurídicos
mantienen una posición silente que considero muy poco explicable. Por ejemplo y
a esta cuestión me gustaría dedicar la parte final de este trabajo, no alcanzo a enten-
der que, desde el punto de vista del Derecho Administrativo se hagan escasísimas
aportaciones a este debate cuando es probablemente ahí donde tienen que analizarse
buena parte de las causas que, en determinados momentos, favorecen la aparición de
comportamientos ilícitos en la Administración.
2. La profesionalización de las Administraciones Públicas. El prestigio de la
función pública
Es evidente que tiene que haber una política de función pública que tenga entre sus
fines la lucha contra la corrupción. Cuando se alude a esta cuestión, generalmente se
hace referencia a dos líneas de planteamiento: Mayores sanciones y el sueldo de los
funcionarios como elemento favorecedor.