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LEGISLACIÓN DE ANDALUCÍA SOBRE SALUD PÚBLICA
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VI
La presente Ley tiene, por tanto, como objeto principal la regulación de las actuaciones
que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos en An
dalucía, el régimen de definición y aplicación de los derechos y deberes de los ciudadanos
respecto de los servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma y la ordenación general
de las actividades sanitarias en Andalucía, todo ello bajo los principios de coordinación de
las actuaciones y de los recursos, aseguramiento público, universalización, financiación
pública, equidad, superación de las desigualdades, planificación, eficacia y eficiencia de
la organización sanitaria, descentralización, autonomía y responsabilidad en la gestión,
participación de ciudadanos y de los profesionales, mejora de la calidad en los servicios
y utilización eficaz y eficiente de los recursos sanitarios que sean necesarios para la con
secución de sus objetivos.
Conforme a estos postulados, la Ley, en su Título I, establece la universalización de la
atención sanitaria, garantizando la misma a todos los ciudadanos de Andalucía sin discri
minación alguna.
A continuación, en el Título II, completa y desarrolla los contenidos de la Ley General de
Sanidad sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos ante los servicios sanitarios,
ampliando las facultades de libre elección del ciudadano a la libre elección de médico,
profesional sanitario, servicio y centro sanitario en los términos que reglamentariamente
se establezcan, así como al derecho a la segunda opinión y al acceso a la información
relacionada con su estado de salud. Este cuadro de derechos se completa con el derecho
al disfrute de un medio ambiente favorable a la salud, en el marco de las normativas que
las diferentes Administraciones Públicas desarrollan.
Este marco legislativo, dedicado directa y principalmente al ciudadano, se completa con el
Título III, dedicado a la participación de los mismos en el Sistema Sanitario Público de An
dalucía, definiendo al Consejo Andaluz de Salud como el máximo órgano de participación
social en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución y sentando
las bases legislativas para el desarrollo de los correspondientes órganos territoriales de
participación social, reforzando el papel que vienen desempeñando las centrales sindica
les y las organizaciones empresariales, así como las organizaciones de consumidores y
usuarios de Andalucía.
Seguidamente, el Título IV de la Ley de Salud se dedica a sentar los criterios y principios
generales de actuación en materia de salud, incluidos los aspectos orientados al ejercicio
de las competencias que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, atribuye a las Administra
ciones sanitarias en materia de salud laboral, y orientando claramente las actuaciones
a la potenciación de la capacidad de intervención pública en los aspectos que afectan a
la salud colectiva, a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, de
forma integrada con las actuaciones en el ámbito de la asistencia sanitaria.