Por Enrique Baleriola Salvo. Área de Evaluación de Políticas Públicas. Instituto Andaluz de Administración Pública
¿Un nuevo “palabro”? ¿Un concepto relativamente familiar? En realidad, algo más, o mejor dicho, mucho más. No sólo es una necesidad organizativa, sino, por tratar, en definitiva, de la gestión de asuntos públicos, una necesidad social. Conoce en qué trabaja el IAAP y cómo se implementan proyectos que pretenden romper los moldes tradicionales
Disculpen ustedes el tono informal, pero es que creemos que representa una reacción bastante verosímil de las personas ante el nombre de ésta nuestra tarea….
El ciudadano, la ciudadana, ya saben qué es el control de legalidad y el control presupuestario, llevado a cabo por entes como la Intervención, la Inspección, los Servicios de Legislación o los tribunales, con mayor o menor efectividad en su desempeño. Son, paradigmáticamente, controles a posteriori: terminada la intervención pública, se examina si el gasto se ha realizado conforme a la presupuestado, si la actividad diseñada se ha ejecutado y si todo el procedimiento se ha ajustado a lo establecido en la norma. Intervienen cuando el bien o el mal ya está hecho.
Pues bien, la apuesta inicial de la EPP en la Junta de Andalucía mediante el IAAP es hacer el examen de la acción pública ANTES de que se ejecuten las políticas. Y ello, además, sin fijar necesariamente su atención en el cumplimiento de la legalidad o la corrección del proceso de gasto, procesos bien delimitados y definidos en las administraciones públicas a lo largo de décadas de práctica inercial.
La EPP consiste en la emisión de un juicio valorativo, basado en evidencias, en torno al diseño, la ejecución y los resultados -y, sobre todo, los impactos- de las acciones públicas. Y puede llevarse a cabo antes, durante y después de la ejecución de la política.
La evaluación ex ante pretende conocer con anticipación si la intervención pública tendrá impactos: si los efectos pretendidos se verán realizados, pero también anticipar consecuencias no buscadas, y determinar si la acción examinada contiene los elementos necesarios para su evaluabilidad (por ejemplo, ¿cuenta con objetivos SMART? o ¿se explicita cómo la acción prevista va a cambiar la realidad?), de manera que así se facilite la discusión y el conocimiento en torno a la misma, y, sobre todo, la rendición de cuentas. La EPP es elemento esencial de la transparencia: es democracia reforzada. Al promotor y el gestor de la acción pública le sirve también -la evaluación in itinere y la ex post- para sí mismo: saber si lo planeado ha cumplido lo previsto y si lo ha hecho bien.
La EPP es ya una exigencia de la norma superior de Andalucía, su Estatuto de Autonomía (art. 138). El IAAP se ha lanzado a crear y definir los instrumentos prácticos para que la futura ley, así, 
pueda arrancar de inmediato con efectividad. De esta manera, dirigió en abril de 2016 un llamamiento a los profesionales de la JdA para constituir una comunidad de prácticas en torno a la EPP, habiendo respondido y manifestado su interés cerca de 400 profesionales de todas las provincias y toda clase de licenciaturas. Hoy, en torno a 300 de ellos, se mantienen en contacto con la EPP y entre sí a través de dos grupos específicos ad hoc de la Red Profesional de la Junta de Andalucía.
También analiza el IAAP en la red de redes experiencias comparadas en los países que ya la practican, información que pone a disposición de los interesados -los gestores y a la ciudadanía- a través de un portal específico, http://bit.ly/EPPJDA, que nutre de contenidos a un boletín quincenal sobre la materia (más información).
Otro producto elaborado en el seno de este colectivo de profesionales ha sido la confección y puesta a disposición de la organización de un Manual de evaluación ex ante, un Manual de Evaluabilidad y un Manual de Planes estratégicos (en la sede Internet del IAAP, más información)
Hoy, los centros directivos de la JdA pueden contar, a la hora de diseñar sus planes y estrategias, con este colectivo de profesionales formados específicamente en evaluación por el IAAP. Y, también, próximamente, con el decreto que regule esta evaluabilidad previa.
Nuestra pretensión última es facilitar herramientas que hagan realidad que las siempre presumibles buenas intenciones de la acción pública obtengan, además, buenos resultados.
