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FRANCISCO JOSÉ LEÓN SANZ
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titularidad pública deben poder ejercer frente a ellas las acciones pertinentes para la
tutela de sus intereses en aquellos casos en los que se hayan infringido sus derechos.
3. Las
Guidelines
recomiendan que los gobiernos tengan una política sobre la titula-
ridad de las empresas públicas, se defina el papel del estado como titular, la manera
en la que se implementan los objetivos públicos a través de las empresas de titula-
ridad pública y las competencias y responsabilidades de la Administración pública.
Esta política debe ser objeto de procedimientos adecuados de rendición de cuentas,
transparencia y responsabilidad. La política sobre las empresas de titularidad pública
deberá ser revisada periódicamente. Asimismo se recomienda la definición y la pu-
blicidad de los motivos y de los objetivos concretos en relación con cada una de las
empresas de titularidad pública que se creen.
4. A la hora de determinar la configuración legal de las empresas de titularidad pú-
blica, las
Guidelines
manifiestan la conveniencia de emplear formas estandarizadas
y simplificadas en las que se puedan seguir los principios de gobierno corporativo.
Estas condiciones de las
Guidelines
se cumplirían en aquellos casos en los que las
empresas de titularidad pública se constituyan como sociedades de capital. Las re-
comendaciones que se hacen a continuación parecen tomar como referencia que la
empresa de titularidad pública se ha constituido de esta forma, es decir, como una so-
ciedad de capital, o tiene una forma jurídica que se configura de manera similar des-
de un punto de vista estructural en sus aspectos básicos. Como titular de la empresa
de titularidad pública, el Gobierno debe respetar en todo momento la autonomía y la
responsabilidad de los gestores para lograr los objetivos que se pretenden alcanzar
con la empresa de titularidad pública. A este respecto debe evitar entrometerse en la
gestión y variar los objetivos de una manera no transparente. La determinación de
la Administración competente para el ejercicio de los derechos que le corresponda
como titular de la empresa de titularidad pública debe estar claramente identificada.
Las
Guidelines
manifiestan que resulta preferible la centralización de las decisiones
sobre el ejercicio de los derechos que correspondan en cada una de las empresas de
titularidad pública. Con esta recomendación se pretende favorecer que las decisio-
nes en relación con el control de las empresas de titularidad pública se tomen por
criterios de eficiencia, sin interferencias injustificadas. La rendición de cuentas y la
responsabilidad frente a los órganos de control y de intervención de la Administra-
ción se debe definir de manera clara.
5. El Estado debe actuar en todo momento como un titular activo y adecuadamente
informado en el ejercicio de los derechos que tiene en su condición de titular de la
empresa de titularidad pública. De acuerdo con esta recomendación, el Estado de-
berá participar activamente y ejercer los derechos que le correspondan como socio
en la Junta general, en particular, el derecho de voto. La designación de los adminis-
tradores y la política de remuneración se deberá decidir de forma que se asegure la