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EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
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de protección que probablemente sea excesiva, ya que no parece corresponderse con
la autonomía del empleado público de la sociedad mercantil estatal en el ejercicio
y en el cumplimiento de los deberes inherentes a la condición de administrador. La
Administración General del Estado puede exigir de oficio responsabilidad al em-
pleado público en esos casos conforme a lo establecido en las leyes administrativas
en materia de responsabilidad patrimonial. Lo dispuesto en este precepto contrasta
con la reforma introducida en 2014 en relación con el representante persona física
de la persona jurídica administrador. El artículo 236.4 de la Ley de Sociedades de
Capital establece ahora expresamente que la persona física designada responde soli-
dariamente con la persona jurídica administrador.
Las sociedades mercantiles estatales están obligadas a promover la responsabilidad
social empresarial y habrán de publicar un informe anual en esta materia en el que
se recojan los objetivos, y las recomendaciones seguidas en relación con estándares
internacionales, de conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 39 de la Ley de
Economía Sostenible. Por otro lado, la responsabilidad de las sociedades mercantiles
estatales se sujeta a lo dispuesto en relación con la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, lo que supone una diferencia relevante en comparación
con las sociedades mercantiles del sector privado.
En materia de información contable financiera y de auditoría, las sociedades mer-
cantiles estatales se sujetan a lo dispuesto en el Código de Comercio, en el Plan
General de Contabilidad y en la normativa de desarrollo (art. 117.2 Ley 40/2015). Se
encuentran sometidas, además, al control de la Intervención General del Estado, con
independencia de las competencias atribuidas al Tribunl de Cuentas. Las sociedades
mercantiles estatales están obligadas, además, a elaborar anualmente un presupuesto
de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del programa plu-
rianual y que se integran en los presupuestos generales del Estado. Cuando hayan
adoptado la forma jurídica de sociedades anónimas o de las sociedades de responsa-
bilidad limitada están obligadas al depósito de las cuentas anuales y del informe de
auditoría y, en su caso, del informe de gestión, en el registro mercantil (arts, 279 y ss.
LSC). Las cuentas anuales y el informe de auditoría se han de publicar, además, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Transparencia.
VII. LA INCIDENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA OCDE EN EL
RÉGIMEN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
La intervención del Estado en la vida económica a través entes públicos presenta
una gran variedad de objetivos y de técnicas. El instrumento de intervención puede
consistir en la creación de una entidad cuyo objeto consista en la realización de una