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FRANCISCO JOSÉ LEÓN SANZ
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y la forma en que vaya a ser soportado por fondos públicos. Los temas que pueda
suscitar en el ámbito del Derecho público son aspectos de los que no se ocupan las
Guidelines
.
En relación con las entidades públicas empresariales, la Ley 40/2015 parece haber
dado prioridad a la relevancia del ejercicio de potestades administrativas respecto
de la actividad económica que desarrolle. En su configuración jurídica se combinan
los elementos propios del régimen de las empresas del sector público y la sujeción
al régimen administrativo en todo lo relativo al ejercicio de las potestades adminis-
trativas y la adopción de decisiones de sus órganos de gobierno. En principio, las
entidades públicas empresariales se someten al Derecho privado y al Derecho labo-
ral, los administradores y directivos son elegidos por su competencia profesional y
experiencia, están sujetos al mismo régimen de retribución que los de las sociedades
mercantiles estatales, se financian con los resultados de las operaciones que realicen
y con ingresos de mercado, etc. Si bien están sujetas a la Ley General Presupuestaria
en materia presupuestaria, contabilidad y control, los estados contables se elaboran
conforme a los principios del plan de contabilidad de la empresa privada. Ahora
bien, el hecho de que tengan encomendada el ejercicio de potestades administrativas
se traduce en un mayor control e intervención por parte de las Administraciones
públicas competentes, con independencia de la sujeción a las normas de Derecho
administrativo que resulten aplicable en el ejercicio de estas potestades.
En un plano de fondo, la participación de las empresas del sector público en los mer-
cados financieros internacionales explica la necesidad de que las empresas públicas
empleen principios equivalentes a los estándares internacionales en materia de infor-
mación contable financiera y en materia de auditoría que las sociedades cotizadas.
La homogeneización de la información y de los procedimientos de verificación de
su fiabilidad constituye un presupuesto para su comprensibilidad por los inversores y
por los sujetos que participan en los mercados financieros internacionales y, por esa
vía, también se potencia la confianza en la corrección de la información que se da a
conocer. Asimismo, la aplicación a las empresas del sector público de las reglas de
gobierno corporativo de las sociedades cotizadas pretende ofrecer una garantía mí-
nima a los inversores y financiadores internacionales de que las empresas del sector
público están controladas y gestionadas con procedimientos, mecanismos de control
y niveles de transparencia relativamente similares.
Ahora bien, hasta cierto punto resulta inevitable que el contenido de las
Guidelines
subraye los objetivos de eficiencia en contraste con los aspectos que se puedan deri-
var de la consecución de intereses públicos. Por otro lado, no se debe olvidar el tras-
fondo que subyace al movimiento de gobierno corporativo en comparación con otras
concepciones sobre la manera de configurar la estructura corporativa de las grandes
empresas y de las sociedades anónimas cotizadas. La perspectiva de la confianza