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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO A LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN…
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son los procedimientos que pueden encuadrarse en esta definición. Así, si la base de
estos procedimientos reside en la colaboración, para que ésta pueda producirse re-
sulta imprescindible que la transparencia impregne todo el proceso, extendiéndose a
todas las fases del mismo, a tanto en la realización de las diversas políticas públicas(-
fijación de prioridades y agenda, determinación de las líneas básicas, ponderación de
las diversas opciones, aprobación definitiva, constante revisión sobre su efectividad,
modificación, entre otras), y como cuando intervienen una multiplicidad de sujetos
o actores, públicos y privados, insertos en una red o proceso regulatorio, convir-
tiéndose en el nexo que permite la participación de todos, permitiendo un control
continuado de todos los agentes intervinientes.
En consonancia con esto, resulta novedoso la introducción en la nueva Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas, de la que llama Planificación normativa, estableciendo la obligación de las
Administraciones públicas de publicar en el Portal de la Transparencia correspon-
diente, anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o regla-
mentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
Sin embargo, para la posibilidad de incumplimiento de esta obligación o del Plan
previamente publicado no se prevé ninguna consecuencia jurídica.
Igualmente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico, incorpora entre los principios de actuación y de funcionamiento del sector
público español, además de los ya mencionados en la Constitución Española, los de
trasparencia y de planificación y dirección por objetivos, como exponentes de los
nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades administrati-
vas. Y los completan con los previstos en la normativa de responsabilidad, calidad,
seguridad, accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos.
IV. LAS NUEVAS REGULACIONES: RETOS PARAMEJORAR
LAADMINISTRACIÓN
Hasta la fecha, se han dado pasos tanto por la Administración General del Estado
como por la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en orden a la implantación
de la nueva gobernanza, mediante la aprobación de nuevas regulaciones que faciliten
la misma. Así:
– En el orden estatal:
• Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera;
• Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIRF);