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ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE: “PUBLIC COMPLIANCE”
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aprovechándose la extraordinariamente larga fase de instrucción para
hacer política
con relación a unos hechos que, según las reglas de nuestro ordenamiento, sólo van
a conocerse con total amplitud y con
igualdad de armas
, en la fase de juicio oral.
El destrozo que ello provoca a nuestro entramado social es demoledor. Un país que
durante años, se desayuna con crónica de tribunales es un país enfermo. Se decía
antes que en cada español había un seleccionador nacional de fútbol y podríamos
decir ahora que, en cada español, hay un instructor de causas penales. Se ha vulga-
rizado el tratamiento de estos asuntos de una forma insoportable hasta el punto de
que nuestros debates habituales a nivel de calle pasan por lo acertado o erróneo de
las decisiones de instructores que, en esta época de crisis, han pasado a ser nuestros
referentes como sociedad.
El juicio oral no interesa a nadie. De hecho, cuando esa fase del procedimiento llega
–y esa fase si es pública y en ella es cuando la sociedad puede apreciar con toda clari-
dad la entraña de los hechos y de las conductas y cómo funcionan nuestros tribunales
ante posiciones de partes perfectamente equilibradas– el asunto no interesa porque
ya no es noticia, porque ya se ha
descontado
, porque ya se ha conseguido acabar con
la reputación y con la carrera pública o política de los imputados, etc etc.
Creo que nada de lo que describo es exagerado y creo que pocas situaciones pueden
ser más desviadas y más desafortunadas que la que venimos padeciendo. De hecho,
creo que hay un damnificado principal de toda esta situación que es el poder judicial
cuya independencia ha de ser respetada en todos los sentidos. Independencia res-
pecto del poder político, por supuesto y desde luego, pero también independencia
respecto de los medios, independencia respecto de las propias alabanzas o críticas de
unos y de otros, según el sentido de la instrucción, e independencia –a veces y por di-
fícil que ello sea dado que todos somos humanos–, también respecto del propio ego
y el afán de protagonismo, o incluso de las propias convicciones personales ajenas
al ámbito de la justicia de quien detenta una función de máxima responsabilidad en
nuestro sistema de garantías constitucionales.
Ver a los jueces como objeto diario del debate social o incluso de manifestaciones
de los partidarios del juez A frente a los partidarios del juez B, refleja la auténtica
locura de la situación a la que hemos llegado. Esta visión entre
castiza y folclórica
de
nuestra justicia, a la que nos está abocando el proceso que estamos viviendo, que sin
perjuicio de que, en ocasiones, se camufle de adulación, parte de una absoluta falta
de respeto por el poder judicial, por quienes lo desempeñan y por el Derecho, tiene
que acabar y medios hay para ello si de verdad se quiere llevarlo a cabo.
En todo caso, para que tal situación cambiase sería necesario que las fuerzas po-
líticas tomasen en consideración la lucha contra la corrupción como un objetivo