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EL BUEN GOBIERNO ECONÓMICO
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Su traslación al ámbito público (de la gestión pública) ha sido, sin duda, más tardío
no porque la necesidad y la articulación de la misma sea de menor entidad sino por-
que el propio compromiso ético –como plus de exigencia en el ámbito público– ha
estado muy en el plano de las formas voluntarias y solo ha tenido un mínimo reflejo
legal con la publicación del EBEP. Al respecto, con carácter general, señalan V
illo
-
ría
M
endieta
, M. e I
zquierdo
S
ánchez
, R. (2016) que «…empieza a ser lugar común
aceptar que las instituciones adecuadas generan crecimiento y bienestar y que estas
instituciones adecuadas son la suma de instituciones democráticas, Estado de Dere-
cho y gobierno de calidad…».
1
Es cierto que la tardanza en la preocupación por este tema no es puramente coyun-
tural ni específica ya que «…no parece aventurado afirmar que las reflexiones sobre
al gestión público en nuestro país, y sobre todo, los proyectos y las iniciativas para
la adaptación del modelo de Administración Pública a una sociedad postindustrial y
democrática, no han abundado…».
2
(J
imenez
A
sensio
, R.; V
illoria
M
endieta
, M.
y P
alomar
O
lmeda
, A. (2009)…)Por tanto, estamos ante un aspecto o un síntoma de
un problema más general.
Es cierto, sin embargo, que la fragmentación del régimen jurídico de los empleados
públicos entre los que se someten al régimen de empleados y los que se someten
al régimen de altos cargos de la Administración (en términos de LOFAGE) o del
Gobierno (en términos LGO) hizo que en estos dos últimos grupos el compromiso
ético haya tardado, aun más, en tener el reflejo legal suficiente y que, muy a menudo,
se haya pensado que el control político (e, incluso, el económico) al que están so-
metidos es suficiente para evitar conductas desviadas o de mal gobierno. De alguna
forma podría decirse que el compromiso ético que subyace en las reglas de buen
gobierno había quedado subsumido por la existencia de un control político y jurídico
que se pensaba como suficiente. A esta cuestión se refirió ya R
amió
, C. (2009) cuan-
do señaló, en relación con la cuestión propuesta, que «el buen hacer y el rendimiento
institucional de las administraciones públicas dependen de la relación que se esta-
blece entre la dimensión política y la dimensión profesional o, si se prefiere, entre el
político y el alto funcionario…».
3
El tiempo ha demostrado que lo público no podía quedar al margen del esfuerzo
ético y de funcionamiento al que somete el conjunto de los actores en la sociedad
actual y que la ubicación en el plano inferior de la pirámide administrativa de este
tipo de compromisos no asegura el correcto funcionamiento de la Administración
1
VILLORIAMENDIETA. M. e IZQUIERDO SANCHEZ, A. (2016) “Ética pública y Buen Gobierno”. Rege-
nerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público. Madrid, pp. 320.
2
JIMENEZ ASENSIO,R ; VILLORIA MENDIETA, M. y PALOMAR OLMEDA, A. (2009) “la dirección
profesional en España”. Madrid, pp. 7.
3
RAMIO, C. (2012) La extraña pareja. Madrid, p. 49.