Código de los Derechos de las Víctimas

1001 § 62. ORDEN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE LAMUJER, AMUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE PARTICIPEN EN CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (BOJA núm. 190, 3 de octubre de 2017) PREÁMBULO El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 16 el derecho de las mujeres a una protección integral contra la violencia de género, que incluya entre otras medidas, ayudas públicas. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, en el Título III de Medidas para la recuperación integral, Capítulo III, sobre Medidas en el ámbito laboral artículo 51 de Programas de Inserción Laboral y de formación para el empleo, establece que las Administraciones públicas de Andalucía darán prioridad al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género en los programas de formación e inserción laboral que desarrollen y que incluirá en los planes de formación para el empleo acciones destinadas a mujeres víctimas de violencia de género que mejoren su empleabilidad. Estas acciones específicas, para las que se establecerán ayudas que reglamentariamente se determinen, vendrán definidas por itinerarios personalizados de inserción. Asimismo, en el Título II de protección y atención a las mujeres, Capítulo VI de Atención integral y acogida art. 43.2 de Atención integral especializada y multidisciplinar establece que ésta comprenderá una intervención con las mujeres y menores a cargo, basada en un sistema coordinado de servicios, recursos y de ayudas económicas y sociololaborales, entre los que se encuentra el apoyo a la inserción laboral. La dependencia económica respecto del agresor es una de las razones que dificultan a las mujeres dar el primer paso para romper la situación de violencia. La autonomía económica y laboral solo se puede conseguir a través de la obtención de un empleo, pero la situación de partida de estas mujeres limita, casi hasta anular, sus posibilidades al respecto. Un empleo proporciona a las mujeres independencia económica, ayudándoles a romper el vínculo con su agresor, mejorando su autoestima y fortaleza, convirtiéndose en una medida preventiva para evitar que la situación de violencia se repita en un futuro. Para posibilitar dicha autonomía, la Administración de la Junta de Andalucía, ha venido ejecutando en los últimos años acciones de Formación Profesional para el Empleo que dirigidas a mujeres victimas de violencia de género, estaban destinadas