Page 261 - El Programa de Medidas Agroambientales en la provincia de Huelva

Ley de Desamortización de 1855, conocida como la de Madoz. En virtud de tal Ley se ponían en venta todos los baldíos realengos y vecinales, excepto los montes y bosques cuya venta no creyera oportuna el Gobierno. Esta excepción fue unos años más tarde el origen del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, donde se incluían los que habían sido sustraídos a los procesos de enajenación.
No obstante, el movimiento desamortizador no obtuvo el resultado esperado, de manera que la Hacienda Pública española, por la lentitud de los trámites, que se demoraron a lo largo de más de medio siglo, así como por los numerosos avata- res, quedó muy lejos de alcanzar los ingresos necesarios para amortizar la deuda nacional, y aunque la estructura agraria cambió de forma radical; las propiedades pasaron de las manos muertas a la burguesía más reaccionaria de la época, convir- tiendo los patrimonios eclesiásticos, los mayorazgos y los bienes comunales, en latifundios de carácter capitalista; y los trabajadores de la tierra cambiaron su con- dición de siervos por la de jornaleros libres, pero sin posibilidades de elegir. Estas circunstancias se produjeron porque las heredades privatizadas a base de decreto gubernamental, no encontraron mejores compradores que burgueses desapren- sivos, desvinculados del mundo rural, y que, eso si, con gran visión comercial, intuyeron el negocio redondo, ya que pagaban a precio de saldo tierras, que con sólo la venta de la madera extraída, tras la adquisición, compensaban el coste de la compra, convirtiendo a sus dueños en poderosos terratenientes, que vivirían de las rentas de sus propiedades.
“La estructura de la propiedad de la tierra se desequilibró todavía más, por adjudicarse muchas de las heredades [...] por un precio de saldo a abonar en cómodos plazos e incluso sin pago de importe efectivo alguno puesto que muchas fincas se inscribieron sin la valoración del vuelo que poseían y éste se enajenó inmediatamente después de formalizada la inscripción del terreno con la plantación forestal transmitida y el producto de la venta del vuelo permitía liquidar todos los conceptos. Por otro lado, se concedían plazos de hasta 14 años para liquidar las compras de las fincas subastadas y ese tiempo era suficiente para hacer frente a los pagos pendientes con la
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venta de los productos obtenidos de la explotación agraria rematada”
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Como resultado del proceso de desamortización se estableció una Política Fo- restal, que consagraba la libre disposición de los montes en manos privadas, y la intervención de la Administración Pública exclusivamente en los montes del Ca-
II. MARCO TEÓRICO
229 LARREA EREÑO, S.: Op. Cit. Págs. 26 y 27.
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