Page 262 - Reformas estatutarias y declaraciones de derechos
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                REFORMAS ESTATUTARIAS Y DECLARACIONES DE DERECHOS
 decirse que el estado ha permanecido ausente en la intervención administrativa en este sector. la vivienda es un bien de primera necesidad pero también un elemento económico de enor- me trascendencia e importancia para un país, lo que hace que el estado o la Administración Central tengan competencias indirectas pero muy importantes sobre la misma. Además, como ya hemos dicho en otro momento, lo local también tiene mucho que decir en el tema de la vivienda pues no en vano, por ejemplo, la clasificación y calificación del suelo que permita la construcción de viviendas protegidas es una competencia también exclusiva de los municipios de nuestro país.
se trata, por tanto, de un ámbito competencialmente compartido y en el que cada Administra- ción pública debe desempeñar un papel concreto siendo, por otra parte, habitual la actuación coordinada y compartida entre todas ellas. este reparto competencial se demuestra al repasar la normativa que sobre vivienda existe en nuestro país. sin ánimo de ser exhaustivos dadas las posibilidades de este trabajo, podemos mencionar normas del estado que todavía están en vigor como el Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun- dido de la legislación de viviendas de Protección oficial; el real Decreto ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de viviendas de Protección oficial (y el real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, que lo desarrolla) y la ley 41/1980, de 5 de julio, de medidas urgentes de apoyo a la vivienda.
Además de estas normas y de otras muchas que no he mencionado, la base más importante en materia de vivienda en nuestro país viene representada por los sucesivos Planes de vivienda que aprueba el estado pero que deben ser materializados por las Comunidades Autónomas y Administraciones locales. el actualmente en vigor es el aprobado mediante el real Decreto 801/2005, de 1 de julio, Plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Además de estas normas estatales, las diferentes Comunidades Autónomas cuentan ya con su
propia y específica normativa sobre vivienda que en muchos casos respeta la estructura de la
6 legislación estatal y en otros crean sus propias categorías, principios y regulación . en otras
ocasiones, incluso, las Comunidades Autónomas han creado sus propios Planes de vivienda y
7 suelo .
6 sin ánimo de ser exhaustivos, simplemente a título de ejemplo podemos citar las siguientes normas autonómicas: el Decreto 149/2006 de Andalucía; ley 24/2003 y Decreto 225/2005 en Aragón; ley 2/2004 y Decreto 92/2005 de Asturias; Decreto 27/2006 de Canarias; Decreto 31/2004, de Cantabria; ley 2/2002 y Decreto 3/2004, modificado por el 38/2006 de Castilla la mancha; Decreto 52/2002 modificado por el 64/2006 de Castilla y león; Decreto 244/2005 de Cataluña; ley 6/2002 y Decretos 41/2004, 186/2004 y 33/2006, de extremadura; Decreto 18/2006 de Galicia; ley 6/1997 y Decreto 11/2005 de madrid; ley 8/2004 de navarra; Decreto 73/2005 de valencia; ley 2/2006 del País vasco.
7 es el caso del Plan andaluz de vivienda y suelo 2003-2007 aprobado por el Decreto 149/2003 y reformado en diversas ocasiones siendo muy importante el Decreto 180/2005.
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