Page 365 - Reformas estatutarias y declaraciones de derechos

§ 20. DERECHOS Y PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LA BUENA ADMINISTRACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
34 más constreñido a esa vertiente de garantía a la que nos hemos referido con anterioridad ,
35 o a una enumeración de sus principales manifestaciones como en el caso de Castilla-león ,
lo que desde luego no puede interpretarse en el sentido de que preocupaciones tales como la
calidad de los servicios públicos, o la participación de la ciudadanía, no estén presentes como
variables ineludibles de la concepción de los distintos servicios públicos a las que, por tanto, se
hace mención específica al referirse a éstos, e incluso así se ha manifestado en la legislación
5. la Generalitat garantizará políticas de protección y defensa de consumidores y usuarios, así como sus derechos al asociacionismo, de acuerdo con la legislación del estado”.
34 es el supuesto del artículo 31 del estatuto de Autonomía de Andalucía (eA), que también bajo la denominación de buena administración, establece que se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.
35 en efecto, su artículo 12 recoge el derecho a una buena Administración de la siguiente forma:
la ley garantizará los siguientes derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica:
a) A recibir información suficiente sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acceder y sobre las condiciones del acceso a los mismos.
b) A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un plazo razonable.
c) Al acceso a los archivos y registros administrativos, a los documentos de las instituciones y administraciones públicas de Castilla y león, y a la información administrativa, con las excepciones que legalmente se establezcan.
d) A la protección de los datos personales contenidos en ficheros dependientes de la Administración autonómica, garan- tizándose el acceso a dichos datos, a su examen y a obtener, en su caso, la corrección y cancelación de los mismos. mediante ley de las Cortes podrá crearse la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Castilla y león para velar por el respeto aplicable.
e) Al acceso en condiciones de igualdad y con pleno respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad a los empleos públicos en la Administración autonómica y en los entes de ella dependientes.
f) A formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
Pero, asimismo, se refiere a la calidad de los servicios públicos al aludir a las políticas públicas de la Comunidad Autó- noma (artículo 16).
36 Fiel ejemplo de lo expuesto es la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía cuyo artículo 3, referido a los principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, no duda en aludir en forma conjunta a la buena administración y la calidad de los servicios. Para, con poste- rioridad, desarrollar ambos en los artículos 5 y 6. De esta forma, el artículo 5 establece, en forma detallada el alcance del principio de buena administración, que comprende el derecho de la ciudadanía a:
a) Que los actos de la Administración sean proporcionados a sus fines.
b) Que se traten sus asuntos de manera equitativa, imparcial y objetiva.
c) Participar en las decisiones que le afecten, de acuerdo con el procedimiento establecido.
d) Que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable, siguiendo el principio de proximidad a la ciudadanía.
e) Participar en los asuntos públicos.
f) Acceder a la documentación e información de la Administración de la Junta de Andalucía en los términos establecidos en esta ley y en la normativa que le sea de aplicación.
g) obtener información veraz.
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éste a su vertiente de garantía frente a la actuación de los poderes públicos. Inclusive, en otros
de desarrollo
, sino solo que al considerar el derecho a la buena administración se ha ceñido
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