La conversión del Decreto-Ley en Ley y la práctica de las “normas intrusas”

Resumen

Que el reformado Estatuto de Autonomía ha incorporado importantes novedades en materia de fuentes del Derecho, es una afirmación de la que ya nos hemos hecho eco repetidamente en anteriores crónicas. Y aunque varias de las aportaciones suscitan dudas en lo concerniente a la delimitación de su exacto alcance (como el ámbito material reservado a las leyes de mayoría absoluta ex art. 108 EAAnd), ninguna está generando ni por asomo tantas controversias como la figura del decreto–ley. Con independencia de los problemas que, por naturaleza, suscita una fuente del derecho que reclama la colaboración de dos poderes, es lo cierto que la severa crisis económica y financiera por la que atravesamos ha animado a su utilización intensiva en los últimos meses, proyectándose (y multiplicándose) así en la práctica los interrogantes que esta categoría normativa ya suscita con su solo examen teórico.