La ejecución de sentencias sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza veinte años después de la aprobación de la LJCA

Resumen

El presente estudio da cuenta de las limitaciones y disfunciones tales como la ausencia de regulación de un verdadero proceso ejecutivo; la defectuosa técnica normativa empleada por la LJCA al abordar la materia; la pervivencia de privilegios administrativos de origen francés y justificación más que cuestionable; las dificultades de diverso tipo suscitadas por la imposibilidad legal o material de ejecución de sentencias contemplados en el artículo 105.2 LJCA, a las que se suman en sectores paradigmáticos como el urbanismo. El autor propone medidas como la erradicación de la acción pública a la vista la extraordinaria amplitud de la legitimación activa con fundamento en el artículo 24 CE; la depuración de los privilegios antedichos que carecen de justificación objetiva; la atribución a los Jueces y Tribunales de una potestad para suspender la tramitación del proceso contencioso-administrativo y otorgar un plazo para intentar la subsanación del vicio constatado, cuando ello sea posible; y el reconocimiento expreso de instrumentos tales como el principio de intangibilidad de la obra pública.