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Artículo 25. Principio de legalidad
1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya
sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley
y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y,
cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que
la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones
Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que
sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Adminis-
traciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a
ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la
legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
Artículo 26. Irretroactividad
1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de
producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como
a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes
de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
§ 3.2 LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO (Selección)
(BOE núm. 236, de 2 de Octubre de 2015)
