EL DERECHO SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN ANDALUCÍA
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Debería recurrirse a las Disposiciones Comunes (principalmente los arts. 339 y 340)
por cuanto el problema ante una prevaricación urbanística no se resuelve en el territorio
aunque se declare ésta por el Tribunal.
El Derecho Urbanístico puede resultar una materia compleja; más aún si se ejecutan
actuaciones en fraude de ley que procuran, además de un resultado ajeno a la norma,
tergiversar y confundir en el procedimiento establecido. Ante este planteamiento, sembrada
la duda aparece la impunidad.
Si en un proceso penal, que se celebra transcurrido un tiempo desde la comisión del ilícito,
se centra la litis en que ahora la edificación puede regularizarse, se generan dudas no
sólo respecto del fondo del procedimiento en cuestión, sino sobre la necesidad de este
tipo de delitos. El procedimiento pierde fuerza y no son pocos los supuestos, aún en la
actualidad y pese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en que los Tribunales que
acuden al principio de intervención mínima para no entrar a enjuiciar casos que pivotan
sobre edificaciones que, a beneficio del constante cambio de la legislación administrativa,
a día de hoy podrían regularizarse.
Ahora bien, nótese que en todo momento nos referimos a “regularizar” la edificación pero
nunca a “legalizarla”. Esto es, el delito existe así como el menoscabo al bien jurídico y el
legislador, desde 1995, consideró lo suficientemente relevante como para incluirlo en el
Código Penal y ofrecerle la tutela que le corresponde.
BIBLIOGRAFÍA
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