LEGISLACIÓN DEL ESTADO EN MATERIA DE SUELO Y NORMATIVA ESTATAL RELACIONADA
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CAPÍTULO II
Peticiones, actos y acuerdos
Artículo 57. Peticiones
Las entidades locales y organismos urbanísticos habrán de resolver las peticiones fundadas
que se les dirijan
191
.
Artículo 58. Administración demandada en subrogación
Las decisiones que adoptaren los órganos autonómicos mediante subrogación se con-
siderarán como actos del Ayuntamiento titular, a los solos efectos de los recursos
admisibles
192
.
Artículo 59. Ejecución forzosa y vía de apremio
1. Los Ayuntamientos podrán utilizar la ejecución forzosa y la vía de apremio para exigir
el cumplimiento de sus deberes a los propietarios, individuales o asociados, y a los
promotores de actuaciones de transformación urbanística
193
.
2. Los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán ante todo contra los bienes de
las personas que no hubieren cumplido sus obligaciones, y sólo en caso de insolvencia,
frente a la asociación administrativa de propietarios.
3. También podrán ejercer las mismas facultades, a solicitud de la asociación, contra los
propietarios que incumplieren los compromisos contraídos con ella.
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El derecho de petición se encuentra reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la
Constitución Española, y su desarrollo normativa se contiene en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre,
reguladora del Derecho de Petición.
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Véase
el art. 60 de la Ley 7/1985. En relación al ejercicio de competencias por subrogación de la Comunidad
Autónoma, téngase en cuenta que la STC 154/2015, de 9 de julio de 2015, declara inconstitucionales y nulos los
arts. 31.4, 188 y 195.1 b), párrafos primero y segundo, así como el inciso «o la Consejería con competencias en
materia de urbanismo, en su caso» del art. 183.5, todos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación
urbanística de Andalucía, en la redacción dada por el art. 28 de la Ley 13/2005, de 17 de noviembre, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para la vivienda protegida y suelo.
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Arts. 99 y ss de la Ley 39/2015.