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LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de
las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal
de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión
patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos
Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia
de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades
Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las
Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de
Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el
ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica
9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
i)
Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado
cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea
inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades
especiales y expropiación forzosa.
j)
Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes
para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
k) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos
en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el
ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.
l)
Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos
Contractuales.
m) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la
competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
