LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PROTECCIÓN DEL LITORAL Y PAISAJE
162
b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia.
4. En los casos previstos en el apartado anterior:
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de
evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley.
b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a
disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos
que la justifican, y el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto
excluido.
c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior
Artículo 9. Obligaciones generales
12
1. Los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de
esta ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación,
autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una
declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes,
programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no
se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,
puedan corresponder.
12
El art. 22.3 del RDL 7/2015, que aprueba el TR Ley Suelo Estatal dispone que:
En la fase de consultas sobre
los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes
informes, cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban
emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las
nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público marítimo-terrestre,
en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas,
acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.
Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la memoria ambiental,
que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada
. Tras la Ley 39/2015, de Procedimiento
Adminsitrativo Común, que suprime la confusa categoría de informe “determinante”, hay que entender que este
informe es “vinculante”.
