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CAPÍTULO I. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA ANDALUZ
Segunda.- El alcance de las competencias propias queda establecido con carácter básico
en el artículo 25 LRBRL. Al margen de lo anterior, el precepto exige que la ley que atribuya
la competencia se acompañe de una memoria económica y prevea la dotación de los
recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales,
estableciendo con precisión el servicio o actividad local de que se trate y evitando
duplicidades administrativas; todo ello, para competencias “propias”.
Ante la indefinición en la asignación competencial por el legislador sectorial competente
(estatal-autonómico) y en competencias concurrentes en las que intervienen diversas
administraciones públicas, serían los entes locales quienes vinieran ejerciendo
competencias, cuando no exista duplicidad y de conformidad con el principio general de
sostenibilidad financiera y de subsidiariedad.
Indicar que, tras efectuar un repaso de la legislación urbanística andaluza, se comprueba
que por el legislador sectorial autonómico se han venido atribuyendo, de forma clara,
las competencias a los entes locales, si bien ante una nueva realidad o competencia
urbanística, la no asignación expresa por el legislador competente va a conllevar
interesantes problemas aplicativos.
Tercero.- Respaldo casi total por el Tribunal Constitucional a la reforma efectuada por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, aclarando que
las competencias que habían sido atribuidas como propias a los entes locales por el
legislador autonómico, podrán seguir siendo siendo mantenidas respetando la dicción de
dicho precepto.
1.4. BIBLIOGRAFÍA
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Andalucía"
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(Ejemplar dedicado a: Especial ley del suelo y ley de contratos del sector público), págs. 59-92).