MANUAL SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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su carácter central en el Derecho Administrativo, a la vez que lo califican como una autén-
tica
“piedra de escándalo, catalizador de polémicas”
llegando a afirmar este autor incluso
que las vicisitudes del contrato administrativo son ni más ni menos que las controversias
propias del Derecho Administrativo.
En definitiva, la trascendencia del examen de la contratación pública deriva no sólo de
su incidencia sobre la realidad económica de un Estado sino también sobre el análisis de
la actuación de la Administración conforme a la legalidad y de acuerdo con los valores y
principios que inspiran el ordenamiento jurídico (artículos 1 y 9 CE).
Por consiguiente, dentro del esquema general de la obra, parece muy acertado destinar
algunas páginas a examinar las principales cuestiones de la responsabilidad que surge de
las Administraciones Públicas cuando existe un funcionamiento anormal de los servicios
públicos en el ámbito de la contratación pública con un perjuicio sobre los ciudadanos. Un
tratamiento especial que se fundamenta en las peculiaridades que derivan de la contrata-
ción pública en la actualidad, tanto por el espacio que ocupa en la actividad administrativa
como por sus indudables consecuencias sobre la esfera del ciudadano. Particularidades
que se plantean cuando entre el ciudadano y la Administración Pública participan contratis-
tas o los concesionarios de servicios. Singularidades cuando la responsabilidad se exige
a una entidad privada que participa en la gestión de un servicio público o especialidades
de un ámbito, el de la contratación pública, mediatizado por el Derecho Europeo de la
Contratación Pública.
A través de este capítulo trataremos de sistematizar las singularidades de la responsabili-
dad patrimonial en la contratación pública, identificar los principales supuestos en los que
se produce en la práctica y examinar fallos judiciales sobre la materia. Todo ello con una
especial consideración a la intervención de la Administración autonómica y a las peculiari-
dades que se han producido en el ordenamiento jurídico andaluz.
La trascendencia de este cometido resulta evidente si se examinan distintos elementos
que justifican la incidencia de la contratación pública en la esfera de ciudadano y la impor-
tancia de la responsabilidad patrimonial como garantía del lesionado como consecuencia
del anormal funcionamiento de los servicios públicos.
Estos factores son:
A) La incidencia de la contratación pública en la economía de un país o región y en la
actividad administrativa.
La incidencia de la contratación pública en la economía de un país de la Unión Europea
se cifra aproximadamente en el 18% de su Producto Interior Bruto (PIB) y en el caso de
España en el 18,5% del PIB.
