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CAPÍTULO I. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA ANDALUZ
4) Ley 22/1988, de Costas. Establece en la tramitación de los planes territoriales y
urbanísticos un informe preceptivo de la AGE, previo a la aprobación inicial de los planes
y antes de su aprobación definitiva (arts. 112 y 117).
Establece en su art. 117.2 que, en
caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un
período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo.
5) Ley 25/1988, de Carreteras. La no conformidad por parte de los municipios respecto
al estudio informativo de carreteras da lugar a su elevación al Consejo de Ministros que,
en caso de decisión de ejecución del proyecto,
ordenará la modificación o revisión del
planeamiento urbanístico para acomodarse a las determinaciones del proyecto.
En el supuesto de municipios sin planeamiento urbanístico la aprobación definitiva del
Estudio Informativo comporta la inclusión de la nueva carretera en los instrumentos de
planeamiento que se elaboren con posterioridad (art. 10.3). Para las redes arteriales
de las poblaciones sí se determina que toda actuación se establecerá previo acuerdo
entre las distintas Administraciones interesadas de forma coordinada con el planeamiento
urbanístico vigente, no obstante,
la falta de acuerdo supone que el Consejo de Ministros
pueda aprobar la ejecución de las actuaciones necesarias.
6) Real Decreto Legislativo 2/2011, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Es el ejemplo más palmario de
la consolidación de la prevalencia de la competencia
sectorial sobre la Ordenación del Territorio.
Impone que el planeamiento urbanístico ha
de calificar la zona de servicio de los puertos estatales como sistema general portuario.
Determina el tipo de plan apropiado para desarrollar el sistema general portuario: el
plan especial o figura equivalente.
Prohíbe cualquier posibilidad de que los planes urbanísticos o territoriales puedan
incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio
de las competencias de explotación portuarias.
El posible pronunciamiento negativo por
parte de la Administración sectorial sobre el plan urbanístico impide toda decisión por
parte de la Administración Autónoma
y el desbloqueo se produce con la elevación del
informe sectorial al Consejo de Ministros y su decisión vinculante.
7) Ley 13/2003, del contrato de concesión de obras públicas. Disposición adicional
segunda: En defecto de acuerdo los planes y proyectos de obras públicas del Estado
prevalecerán sobre
los instrumentos de ordenación territorial o urbanísticos y las CC.AA.
y las CC.LL
. deberán incorporar en sus instrumentos de ordenación las rectificaciones
necesarias para acomodar sus determinaciones a aquéllos. Los instrumentos generales de
ordenación territorial o urbanística calificarán los espacios territoriales necesarios para las
diferentes obras públicas de interés general del Estado como sistemas generales y serán
clasificados de conformidad con su naturaleza.
En suma, la
integración competencial
parece resolverse en términos desde
fórmulas de
coordinación procedimental.
