EL DERECHO SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN ANDALUCÍA
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2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Más aún, el art. 9.1 d), e), f), g), y
h) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía -que desarrolla la
competencias propias de los municipios en este ámbito determinadas en el art. 92.2 a)
de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía- desglosa la materia establecida estatutariamente de manera genérica mediante
su desagregación en “submaterias”, lo que provoca un
“blindaje por descripción”
27
.
Ahora bien, a la Administración autonómica también se le atribuyen competencias en ma-
teria de disciplina en los términos dispuestos en el Estatuto de Autonomía
28
y la legislación
urbanística. En principio, la Comunidad Autonómica interviene, por sustitución
29
, cuando
exista una inactividad o pasividad en la observancia de sus obligaciones legales inexcusa-
bles para hacer cumplir la legalidad urbanística
30
. De este modo, la legislación autonómica
mantiene la competencia municipal preferente sobre la restauración del orden urbanístico
transgredido y la sancionadora, no obstante, la Administración regional se reserva una
actuación propia sustitutiva de la municipal para los supuestos de inactividad, o bien, ante
actuaciones cuya relevancia exceda el ámbito municipal por estar en juego intereses regio-
nales o supralocales (arts. 36 y 37 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía). Por tanto, en la Comunidad Autónoma
andaluza se dibuja una concurrencia imperfecta
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dado que los municipios tienen atribuida
prioritariamente la competencia, y el ente regional únicamente puede intervenir, por subro-
gación, si aquéllos no la ejercen, siendo requisito ineludible que la intervención autonómica
se ajuste escrupulosamente a los elementos relevantes fijados en el art. 60 LRBRL, tanto
desde el punto de vista de adecuación del supuesto de hecho (pasividad fáctica por plazo
mínimo de un mes y afectación de intereses autonómicos) como al cauce procedimental
legalmente previsto (requerimiento previo)
32
.
27
Vid. RIVERO YSERN, J.L., “Título Primero, Capítulo Segundo. Las competencias locales”, en
Derecho local de
Andalucía: La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, coord.
E. MONTOYA MARTÍN, y S.
FERNÁNDEZ RAMOS, dir. J.L. RIVERO YSERN, Iustel, Madrid, 2012, pag. 63.
28
Art. 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
29
STC 154/2015, de 9 de julio, declara inconstitucionales y nulos, entre otros, los arts., 188 y 195.1.b) párrafos
1 y 2 de la LOUA básicamente por no ajustarse a los “elementos relevantes” o presupuestos habilitantes de la
intervención autonómica sustitutiva previstos en el art. 60 LRBRL. A pesar de esta declaración, la Administración
autonómica puede intervenir en subrogación de los municipios, siempre que ajuste escrupulosamente y se
cumplan los términos del art. 60 LRBRL.
30
TOLEDO PICAZO, A. , Licencias y disciplina urbanística, Bosch, Barcelona, 2013, pág. 65.
31
BAÑO LEÓN, op. cit, pág. 503.
32
Vid. RIVERO YSERN, J.L., “Artículo 188”, en
Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
directores V. GUTIÉRREZ COLOMINA, y A. CABRAL GONZÁLEZ-SICILIA, Thomson/Aranzadi, Navarra, 2007, pág.
1441- 1446.
